Por Patricio Rivas H.

Un drama arcaico: entre Ares e Hybris

En las mitologías clásicas, las guerras, la destrucción y las crisis profundas del orden moral anuncian el caos, el dolor y la caída de reinos y gobernantes. La Ilíada constituye, en este sentido, mucho más que el relato de una guerra antigua: es también una representación de las torpezas humanas, de las exuberancias del honor y de las consecuencias que desencadenan la venganza, la soberbia y el odio cuando terminan gobernando las decisiones de los hombres.

Ares, dios del ímpetu guerrero, encarna la violencia que irrumpe en la política terrenal. Su dominio es la fuerza, la sangre y el poder sobre la vida y la muerte. Pero después de la batalla permanece Hybris: la desmesura, la soberbia que conduce a desconocer los límites y a creer que la propia voluntad puede imponerse sin consecuencias. Entre Ares e Hybris se configura un drama antiguo que, bajo formas tecnológicas radicalmente nuevas, vuelve a interpelarnos.

La humanidad se encuentra hoy ante una paradoja inquietante. Nunca había acumulado una capacidad semejante para destruirse y, al mismo tiempo, pocas veces desde el final de la Segunda Guerra Mundial había parecido tan frecuente y normal hablar de guerras mayores, escaladas entre potencias e incluso del empleo de armas nucleares. El mayor peligro no reside únicamente en la existencia de esos arsenales. Radica también en algo cultural y políticamente más profundo: la progresiva naturalización de la posibilidad de utilizarlos. Estados, políticos, gobiernos, medios de comunicación social hablan con enorme trivialidad de esta eventualidad.

Cuando aquello que durante décadas constituyó un límite extremo comienza a incorporarse al lenguaje habitual de la estrategia, de la política y de la comunicación pública, se modifica también nuestra relación con el peligro. Lo excepcional empieza a parecer posible; lo posible, calculable; y lo calculable puede terminar siendo presentado como aceptable. Precisamente allí comienza el problema que motiva estas páginas.

Este ensayo busca contribuir a la reflexión y al debate sobre los riesgos que enfrenta la paz mundial cuando la guerra, y particularmente la guerra nuclear, comienza a ser pensada como una alternativa política disponible. Ello no implica desconocer los conflictos, las rivalidades entre Estados ni las profundas transformaciones que atraviesa el sistema internacional. Los conflictos forman parte de la historia y de las relaciones de poder. La cuestión es otra: qué ocurre cuando la violencia deja de estar sometida a la política, a la proporcionalidad, al cálculo de sus consecuencias y a la posibilidad de reconstruir un orden después del enfrentamiento.

Los teóricos clásicos de la guerra comprendieron, desde perspectivas diferentes, que la fuerza nunca existe en un vacío político. La guerra responde a intereses, objetivos, relaciones de poder y decisiones. Incluso en sus formas más extremas presupone alguna relación entre fines y medios. Pero cuando el odio desplaza a la política, cuando la destrucción del adversario sustituye a cualquier objetivo alcanzable y cuando el uso de la fuerza puede eliminar simultáneamente al derrotado, al vencedor y a las condiciones materiales de la vida colectiva, esa racionalidad se quiebra. La guerra deja entonces de ser un medio, incluso brutal, de la política y comienza a aproximarse a una lógica de autodestrucción.

Esta diferencia adquiere una dimensión inédita en la era nuclear. En las guerras del pasado, por devastadoras que fueran, la victoria presuponía que algo sobreviviera: un territorio que gobernar, una población sobre la cual ejercer autoridad, una economía que reconstruir, una negociación que cerrar o un nuevo equilibrio que establecer. Una guerra nuclear generalizada altera esa gramática. Si la destrucción alcanza al vencedor y al vencido, la propia noción de victoria pierde sentido. Para que exista un ganador debe existir también un derrotado capaz de sobrevivir a su derrota. Sin esa condición elemental, la estrategia comienza a disolverse en la destrucción.

Por ello, el problema de la paz no puede reducirse a una aspiración moral ni a la esperanza de que desaparezcan los conflictos. La paz es también una construcción política. Requiere mesura, reconocimiento de límites, confianza mínima entre adversarios, diplomacia, derecho internacional, instituciones multilaterales y capacidad para alcanzar acuerdos incluso entre actores cuyos intereses son profundamente divergentes. Negociar no supone eliminar el conflicto; significa impedir que el conflicto destruya las condiciones que permiten seguir viviendo y haciendo política.

Esta reflexión adquiere especial importancia en un momento de transformación del orden internacional. La prolongada centralidad occidental es cuestionada por otros centros de poder; cambian los equilibrios económicos, tecnológicos y militares; se reconfiguran alianzas y aparecen nuevas disputas por territorios, recursos, rutas, conocimientos y capacidades estratégicas. Nada de ello determina inevitablemente una guerra general. La historia permanece abierta. Pero precisamente por esa razón es preciso resistir la idea de que la confrontación armada constituye el desenlace natural de estas transformaciones.

Pensar nuestro tiempo exige, por tanto, apartarse tanto de la complacencia como del fatalismo trágico. Ni la paz está asegurada ni la guerra es inevitable. Entre ambas existe el territorio propiamente político de las decisiones humanas. Allí se juegan la prudencia, la responsabilidad, la negociación, la capacidad de reconocer al otro y la voluntad de contener la desmesura.

El propósito no es anunciar una catástrofe inevitable. Es exactamente el contrario: interrogar las condiciones que podrían hacerla posible para contribuir a evitarla. Frente a Ares y a Hybris, la política conserva todavía su tarea más antigua y, quizá, su responsabilidad más urgente: impedir que la fuerza pierda toda medida y que la humanidad convierta su capacidad de destrucción en su destino.

De la flecha al átomo

Las batallas, los desastres, las revoluciones sociales y científicas, pero también los grandes saltos culturales de la humanidad, han sido vórtices de transformación que fraguan la historia. Cambian las instituciones y los sistemas de poder, pero también las formas de pensar, temer y representar al adversario. La guerra pertenece a esta historia. No constituye una anomalía exterior a la política, sino una de sus posibilidades extremas. Precisamente por ello, el problema comienza cuando la violencia deja de reconocerse como un instrumento limitado por objetivos políticos y adquiere una lógica propia.

El siglo XX mostró hasta dónde puede conducir esa ruptura. El ciclo de guerras, totalitarismos y exterminios de las décadas de 1914 a 1945 hizo de la violencia extrema no solamente un recurso militar, sino un mecanismo de reorganización de sociedades enteras. La destrucción del adversario dejó de limitarse al campo de batalla y penetró en la población, la economía, la cultura y la vida cotidiana. Las fronteras entre combatientes y civiles se hicieron progresivamente más porosas. Hobsbawm observó que uno de los rasgos del tránsito hacia el siglo XXI sería, precisamente, la creciente dificultad para distinguir con nitidez entre guerra y paz, conflicto interno y guerra internacional, violencia estatal y violencia ejercida por actores no estatales (Hobsbawm, 2007).

Esta observación adquiere hoy una significación mayor. La preocupación no deriva solamente de la existencia de conflictos armados, que han acompañado largamente la historia humana, sino de la creciente aceptación de formas extremas de violencia como instrumentos posibles para resolver antagonismos políticos. Cuando la imposición sustituye al reconocimiento del contradictor, se debilitan también el derecho internacional, la negociación, la cooperación entre Estados y las instituciones creadas para administrar pacíficamente los desacuerdos.

No imlpica suponer que alguna vez existió una política internacional libre de intereses, hegemonías o relaciones desiguales de poder. Tal mundo nunca existió. La cuestión es diferente: incluso los órdenes construidos sobre relaciones asimétricas requieren reglas, mediaciones y límites. El poder necesita alguna previsibilidad para reproducirse. Allí donde toda regla es provisional, todo acuerdo puede ser desconocido y toda diferencia tiende a convertirse en enemistad absoluta, la violencia comienza a emanciparse de la política.

Las teorías clásicas de la guerra partieron, de distintas maneras, de una intuición semejante. Las armas no poseen por sí mismas una razón. Se utilizan dentro de relaciones de poder y en función de objetivos que pueden ser interpretados, calculados y discutidos. El choque armado, por brutal que sea, mantiene una relación entre medios y fines. Existe una estrategia porque existe algo que se pretende conseguir después de la batalla.

De allí surge una cuestión elemental y, sin embargo, decisiva: para que exista un vencedor debe sobrevivir el derrotado. La victoria solo tiene significado si permanece algo sobre lo cual ejercerla: un territorio, una población, una institución, una economía, un acuerdo, una nueva relación de fuerzas. Si todos son destruidos, el discurso estratégico se desfonda en la nada. Ya no queda voluntad que imponer ni orden que construir.

Ese límite, presente de una u otra forma en la guerra convencional, se vuelve radicalmente incierto con las armas nucleares. El tránsito de la flecha al átomo no expresa únicamente un aumento extraordinario en la capacidad técnica de destrucción. Señala una mutación cualitativa: por primera vez la humanidad dispone de instrumentos capaces de llevar la lógica de la victoria hasta un punto en que la propia victoria puede perder todo sentido.

Armas materiales y morales

Antoine-Henri de Jomini, uno de los grandes sistematizadores del pensamiento estratégico del siglo XIX, buscó identificar principios relativamente estables para comprender la conducción de la guerra a partir del estudio de las campañas europeas y, especialmente, de las guerras napoleónicas (Jomini, 1865). Su obra expresa con claridad una idea fundamental: la guerra puede ser estudiada en su especificidad militar, pero no puede comprenderse únicamente como choque de fuerzas. Supone objetivos, cálculo, conducción, selección de medios y una determinada relación entre aquello que se pretende alcanzar y los recursos que se está dispuesto a emplear. La estrategia comienza cuando la fuerza deja de ser impulso y pasa a ser decisión: para qué emplearla, en qué momento, sobre qué objetivo y con qué consecuencias previsibles.

Pero esta concepción estratégica de la guerra no fue una invención de la modernidad europea. Más de dos mil años antes, hacia el siglo V a. C., El arte de la guerra, atribuido a Sun Tzu, ya formulaba con notable claridad algunos de sus principios fundamentales. La tradición sitúa a Sun Tzu en el Estado de Wu, en la fase final del período de primaveras y otoños, cuando la autoridad de la dinastía Zhou se había debilitado y distintos Estados disputaban territorios, rutas, recursos y posiciones de poder. Wu mantenía particularmente una prolongada confrontación con el poderoso Estado de Chu y desarrollaba, al mismo tiempo, una creciente rivalidad con Yue. Era, por tanto, un mundo de competencia política intensa, alianzas inestables y guerras frecuentes, en el que la supervivencia de los Estados dependía tanto de su capacidad militar y más aún  de la inteligencia con que fueran capaces de utilizarla.

Es precisamente en ese contexto de guerra recurrente donde adquiere toda su relevancia El arte de la guerra Sun Tzu no concibe la guerra como exaltación de la violencia ni identifica superioridad estratégica con mayor capacidad de destrucción. Por el contrario, la entiende como una actividad sometida al cálculo, la información, la anticipación, el conocimiento del adversario, la administración de los recursos y la elección cuidadosa del momento y las condiciones del enfrentamiento. Combatir es solo una de las posibilidades de la estrategia; incluso puede ser la menos conveniente cuando los objetivos pueden alcanzarse por otros medios. La fuerza, en consecuencia, no constituye un fin en sí misma: adquiere sentido en función de aquello que se pretende conseguir y de los costos que su empleo impone.

La importancia histórica de esta idea es considerable. Ya en el siglo V a. C. aparece una concepción según la cual la guerra requiere inteligencia, finalidad y proporción. Destruir al adversario no equivale necesariamente a vencer, del mismo modo que disponer de una fuerza superior no garantiza por sí solo un efecto estratégico favorable. La victoria es, en última instancia, en alcanzar el propósito perseguido preservando, en la medida de lo posible, las propias capacidades y evitando una destrucción que haga inútil el resultado obtenido (Sun Tzu, 2023). Desde esta perspectiva, la estrategia comienza allí donde la violencia deja de ser un impulso autónomo o enajenado y queda sometida al juicio sobre los fines, los medios, los costos y las consecuencias. Allí reside buena parte de su vigencia. Más de dos milenios después, El arte de la guerra continúa recordando que capacidad de destrucción y capacidad estratégica no son equivalentes. Una potencia puede disponer de una fuerza militar extraordinaria y, sin embargo, fracasar políticamente si el empleo de esa fuerza destruye aquello que pretendía obtener, multiplica adversarios o desencadena consecuencias imposibles de controlar. La estrategia se urde, precisamente, cuando la fuerza deja de ser mero impulso y queda subordinada al cálculo de fines, medios, costos y consecuencias.

Esta advertencia adquiere una dimensión radical en la era nuclear. Si para Sun Tzu la inteligencia estratégica consistía en evitar que la guerra consumiera inútilmente los recursos y capacidades de los Estados, una confrontación capaz de destruir simultáneamente al adversario, al vencedor y las condiciones materiales de la vida constituye la negación extrema de esa racionalidad.

Del arco y la flecha al átomo cambian los medios; permanece, sin embargo, una pregunta elemental: ¿para qué emplear la fuerza si su utilización destruye el propio objetivo de la victoria? Esta pulsión de muerte explica la caída de grandes imperios y poderes.

Interrogante, presente ya en las antiguas reflexiones estratégicas, reaparece con una nueva densidad en la Europa de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando la Revolución francesa y las guerras napoleónicas transformaron la escala de los ejércitos, la movilización de las sociedades y la relación entre Estado, pueblo y guerra. En ese nuevo escenario histórico, la estrategia dejó de referirse únicamente a la conducción de campañas y comenzó a exigir una comprensión más profunda de las fuerzas políticas y sociales que hacían posible el conflicto, se hace fundamental la gran lógica de la política de Estado.

Será Carl von Clausewitz quien formule con mayor profundidad esta relación entre guerra y política. A partir de su experiencia en las guerras napoleónicas, De la guerra concibe el fenómeno bélico como una realidad humana y política atravesada por la tensión entre pasión, azar y razón. Estas dimensiones encuentran su expresión, respectivamente, en el pueblo, las fuerzas armadas y su conducción, y el gobierno. Ninguna puede comprenderse de manera aislada, porque la guerra no constituye una esfera autónoma de la vida social: posee una gramática propia, pero su orientación última permanece vinculada a la política y a los fines que esta establece (Clausewitz, 2005).

La continuidad con las tradiciones estratégicas anteriores es evidente, pero también lo es el salto conceptual. Si Sun Tzu había mostrado que la fuerza debía administrarse con inteligencia y subordinarse al fin estratégico perseguido, Clausewitz sitúa esa relación en el corazón mismo de la política moderna: la guerra no adquiere sentido por la intensidad de la violencia que despliega, sino por su relación con un propósito político capaz de justificar, limitar y orientar el empleo de la fuerza.

Esta relación entre fuerza y finalidad es decisiva. La voluntad de combatir pone en movimiento recursos materiales y morales de muy distinta naturaleza: retaguardia social, armas, ejércitos, tecnologías, capacidades económicas, información, cohesión social, voluntad colectiva y conducción política. La estrategia conlleva a articular esos recursos con un propósito políticamente imaginable. La fuerza adquiere sentido solo en la medida en que puede conducir a un objetivo que sobreviva al propio acto de combatir, de otra forma es un logro asentado en un pantano.

Pero esa relación entre medios y fines nunca es completamente controlable. La historia moderna de la guerra está atravesada por errores de cálculo, previsiones fallidas y conflictos que escaparon rápidamente a las expectativas de quienes los iniciaron. Gobiernos y estrategas han imaginado, una y otra vez, guerras breves, decisivas y manejables que terminaron adquiriendo una duración, una intensidad y unas consecuencias imprevistas. Freedman (2019) ha insistido precisamente en esta persistencia de la incertidumbre: la innovación tecnológica transforma los medios disponibles, pero no elimina el azar, la fricción ni la posibilidad de que la guerra produzca efectos políticos distintos, e incluso opuestos, a los inicialmente perseguidos.

Debería desprenderse de ello una razón adicional para la prudencia. Sin embargo, ocurre con frecuencia lo contrario. Cada nueva ventaja tecnológica alimenta la ilusión de que esta vez será posible controlar la escalada, acelerar la victoria o imponer una decisión definitiva sobre el adversario. Así, la superioridad técnica puede producir no solo mayor capacidad material, sino también una peligrosa sobreestimación de la capacidad política para gobernar las consecuencias de su uso.

Esta dificultad se vuelve todavía más visible cuando se observa la guerra más allá del campo de batalla. Los conflictos armados no son únicamente choques entre fuerzas militares; son también momentos de reorganización del poder. En torno a ellos se disputan territorios, sistemas productivos, recursos estratégicos, tecnologías, rutas comerciales, instituciones, normas y derechos. Cambian las jerarquías, emergen nuevos actores y se alteran las capacidades relativas de quienes hasta entonces ocupaban posiciones dominantes.

Por eso, reducir el presente a una sucesión de enfrentamientos militares impide comprender su dimensión histórica. Lo que está en juego no es solamente quién posee mayor capacidad de destrucción, sino qué configuración del poder internacional puede surgir de estas transformaciones. La cuestión decisiva es qué tipo de orden será capaz de organizar la convivencia entre actores que compiten intensamente sin convertir cada disputa en una lógica de eliminación del adversario.

Reaparece la pregunta política que atraviesa toda reflexión estratégica: cómo contener la fuerza dentro de límites que permitan preservar un mundo posterior al conflicto, como ganar la paz. En esa tensión se juega también el futuro del derecho internacional, de la cooperación y del multilateralismo, no como fórmulas abstractas, sino como mecanismos para impedir que la competencia entre potencias termine destruyendo las condiciones mismas de cualquier orden posible.

La esencialidad de la política

Nunca todo es guerra. Incluso en los períodos de mayor rivalidad existen mediaciones, hegemonías negociadas, intercambios económicos, pactos, instituciones, equilibrios y formas de poder que no requieren el empleo de la fuerza. La historia internacional combina competencia y cooperación, coerción y consentimiento, amenaza y negociación.

Por ello, uno de los recursos menos visibles, pero más importantes de los períodos prolongados de paz o de tregua entre grandes poderes es la confianza; no desde una visión ingenua de amistad o coincidencia ideológica. La confianza entre adversarios significa algo mucho más elemental: reconocer que existen determinadas reglas, ciertos límites y algún grado de previsibilidad en el comportamiento del otro. Significa saber que, aun dentro de diferencias radicales, subsiste un espacio en el cual las hostilidades pueden ser negociadas y los intereses contrapuestos pueden encontrar arreglos parciales.

Esta confianza hizo posibles distintos momentos históricos de integración, comercio, cooperación y competencia relativamente regulada. Nunca eliminó las relaciones de fuerza ni las desigualdades. Tampoco impidió guerras devastadoras. Pero permitió construir espacios dentro de los cuales la política podía contener temporalmente la violencia y restablecer alguna relación entre cálculo, proporción y finalidad. Como ha señalado Zemelman, los órdenes históricos no son configuraciones definitivas, sino construcciones abiertas a la acción, la contingencia y la transformación (Zemelman, 2007).

Clausewitz comprendió esta relación mediante su conocida trinidad. La guerra está sometida simultáneamente a las pasiones y enemistades que pueden impulsarla hacia los extremos; al azar y a la incertidumbre propios de la acción militar; y a la razón política que debería establecer sus finalidades (Clausewitz, 2005). El problema aparece cuando una de esas dimensiones absorbe a las otras. Si la pasión y el odio desplazan completamente a la razón política, la guerra puede adquirir una dinámica que ya no guarda proporción con aquello que originalmente pretendía alcanzar.

La experiencia de la guerra total radicalizó este problema. Las campañas napoleónicas anticiparon la movilización masiva de sociedades y recursos, pero fueron las guerras mundiales del siglo XX las que ampliaron extraordinariamente la escala. Después de la Primera Guerra Mundial, Erich Ludendorff formuló explícitamente la idea de la guerra total: ya no sería únicamente el ejército el que combatiría, sino la nación entera, movilizada material, económica y moralmente para la victoria (Ludendorff, 1935).

El giro fue profundo. Cuando toda la sociedad se convierte potencialmente en parte del esfuerzo bélico, también comienza a erosionarse la frontera que separaba el frente de la retaguardia y al combatiente del civil. La política corre entonces el riesgo de quedar subordinada a la guerra, invirtiendo la formulación clausewitziana. Ya no sería la guerra un instrumento de la política, sino la sociedad y la política instrumentos de una guerra llevada hasta sus últimas consecuencias.

Sin embargo, aun la guerra total de comienzos del siglo XX encontraba límites materiales. La capacidad científica y tecnológica para una destrucción prácticamente instantánea y de escala civilizatoria todavía no existía. Ese umbral se modifica radicalmente en 1945 con la aparición y utilización de las armas nucleares. Desde entonces, la humanidad entra en una situación históricamente distinta.

Raymond Aron examinó extensamente las consecuencias de esta transformación para el pensamiento estratégico, mientras André Glucksmann volvió sobre Clausewitz y Hegel para interrogar el estatuto de la guerra en la edad contemporánea (Aron, 1976; Glucksmann, 1969). El problema puede formularse de manera relativamente sencilla: los conceptos clásicos de conflicto, estrategia, victoria y derrota siguen siendo operativos mientras exista alguna relación inteligible entre fines y medios. Se vuelven radicalmente insuficientes cuando los medios disponibles permiten destruir aquello mismo que constituye el objeto de la disputa.

Una guerra nuclear y bacteriológica generalizada no sería solamente una guerra convencional con armas más poderosas. Introduciría una ruptura cualitativa en la racionalidad estratégica. La escalada podría saturar el cálculo, acortar los tiempos de decisión y hacer irreversible una secuencia de acciones antes de que la política pudiera recuperar su capacidad de mediación. En ese punto, la cuestión deja de ser quién vence. La interrogante pasa a ser qué queda después de una supuesta victoria.

De igual forma, Hobsbawm advirtió que el comienzo del siglo XXI estaba marcado por una creciente dificultad para establecer un orden mundial capaz de regular la violencia y por el debilitamiento de las fronteras tradicionales entre guerra y paz (Hobsbawm, 2007). Esta incertidumbre se vuelve mucho más grave cuando las grandes potencias poseen arsenales capaces de producir una destrucción que ya no puede ser comprendida con las categorías del duelo clásico entre Estados; es más varios países de desarrollo medio pueden producir armas de destrucción masiva.

Recapitulemos. El concepto estratégico de guerra presupone actores capaces de perseguir objetivos, calcular medios, asumir costos, detenerse, negociar y eventualmente reconstruir un orden. Puede haber odio, pasión y violencia extrema, pero mientras sobreviva la política persiste alguna posibilidad de límite. El arma nuclear amenaza con modificar esta relación porque introduce la posibilidad de que el medio destruya simultáneamente el fin, al adversario y a quien lo emplea.

Allí aparece la cuestión central de estas páginas. La voluntad efectiva de utilizar armas nucleares no representa simplemente un grado superior dentro de una escala ordinaria de violencia. Señala un umbral en el cual la razón política puede ser sustituida por la desmesura. Naturalizar esa posibilidad equivale a habituarnos a pensar como estrategia aquello que podría conducir a la desaparición de las condiciones mismas que hacen posible la política.

La cuestión nuclear es, por ello, finalmente política. No basta con administrar arsenales o perfeccionar doctrinas de disuasión. Es necesario preservar espacios de reconocimiento, comunicación, negociación y confianza mínima entre poderes que compiten. El multilateralismo puede ser frágil e insuficiente, pero su debilitamiento no elimina la necesidad que le dio origen. En un mundo en el que ninguna victoria nuclear puede garantizar un orden posterior, recuperar la política significa recuperar, antes que nada, la mesura.

Poder sin mesura

Si la estrategia supone una relación inteligible entre medios y fines, el arma nuclear introduce una anomalía radical. No en el sentido que sea una fuerza convencional multiplicada muchas veces, sino de una capacidad de destrucción que puede alterar la propia lógica que hacía comprensible la guerra. La escalada, la proporcionalidad y el cálculo permanecen como categorías estratégicas mientras existe alguna posibilidad de detenerse, negociar y preservar aquello que constituye el objeto de la disputa. Cuando el empleo de la fuerza puede destruir al adversario, a quien la utiliza y las condiciones materiales que ambos necesitan para continuar existiendo, la relación entre violencia y finalidad política comienza a quebrarse.

La magnitud inmediata de la destrucción es apenas una parte del problema. Una confrontación nuclear de gran escala alcanzaría sistemas ambientales, sanitarios, productivos, alimentarios y logísticos que desbordan por completo las fronteras del campo de batalla. El antiguo problema estratégico —cómo imponer la propia voluntad al adversario— pierde entonces su marco habitual. La pregunta pasa a ser mucho más elemental: qué espacio queda para la política cuando desaparecen las condiciones materiales y humanas sobre las cuales podría ejercerse el poder.

Aquí la reflexión de Michael Howard (2001) adquiere una particular densidad. Si la guerra acompaña a las sociedades desde tiempos remotos, la paz entendida como un orden estable entre comunidades políticas constituye una construcción histórica mucho más reciente y frágil. Su existencia depende de instituciones, normas, diplomacia, reconocimiento mutuo y formas de autocontención que no eliminan las relaciones de fuerza, pero procuran impedir que estas se conviertan permanentemente en violencia abierta. El mismo desarrollo histórico que produjo una capacidad militar sin precedentes obligó, paradójicamente, a inventar mecanismos cada vez más complejos para impedir su utilización.

Este es el punto en el que la reflexión estratégica vuelve a encontrarse con la política. Sun Tzu había advertido sobre el costo de una fuerza empleada sin inteligencia; Clausewitz situó la guerra dentro de una finalidad política; Freedman recuerda cuánto escapan los conflictos a las previsiones de quienes los comienzan. En la era nuclear, estas advertencias convergen. La superioridad militar no puede confundirse con dominio de las consecuencias. Cuanto mayor es la capacidad tecnológica de destrucción, mayor debería ser también la exigencia de prudencia política; pero esto no es algo que ocurra en los grandes centros de poder global.

Sin embargo, la paradoja contemporánea parece caminar en la dirección contraria. El incremento de la capacidad técnica puede producir la ilusión de que también aumentó nuestra capacidad para controlar sus efectos. Allí reside una de las expresiones modernas de Hybris: disponer de medios extraordinarios y deducir de ello que las consecuencias también pueden gobernarse. a desmesura aparece antes del uso extremo de la fuerza: nace en la convicción de que toda capacidad técnica puede convertirse en una decisión políticamente controlable.

La invención de la paz

La paz adquiere entonces un significado distinto. No es la ausencia natural de conflictos ni un intervalo pasivo entre guerras. Es una construcción política que exige capacidades más complejas que la simple acumulación de fuerza. Michael Howard sitúa precisamente allí una de las grandes transformaciones de la modernidad: la guerra es antigua; la aspiración a organizar sistemáticamente la paz es mucho más reciente (Howard, 2001).

La Ilustración, el desarrollo del derecho internacional, la diplomacia moderna y posteriormente las organizaciones multilaterales expresaron, con todas sus contradicciones, un intento histórico de someter las relaciones entre Estados a reglas que permitieran anticipar comportamientos, limitar la violencia y crear condiciones mínimas de confianza. No construyeron un mundo sin guerras. Tampoco eliminaron el colonialismo, las desigualdades ni las ambiciones imperiales. Sería ingenuo atribuirles semejante consecuencia. Pero introdujeron progresivamente una idea fundamental: incluso las grandes potencias necesitan algún orden dentro del cual ejercer su poder.

La confianza debe entenderse en ese sentido. No hace referencia a la amistad entre Estados ni a la coincidencia entre proyectos políticos. Es algo más modesto y al mismo tiempo más esencial: la expectativa de que existen ciertos límites, procedimientos y compromisos que no serán destruidos frente a cada desacuerdo. La confianza permite calcular porque establece márgenes de previsibilidad. Y esa previsibilidad constituye uno de los fundamentos materiales de la diplomacia, el comercio, los acuerdos y la coexistencia entre adversarios.

Por ello, razón y confianza no son categorías opuestas al poder. Son también condiciones para ejercerlo sin destruir el sistema dentro del cual ese poder adquiere significado. Paul Kennedy mostró, desde otra perspectiva, cómo la relación entre capacidades económicas, ambiciones estratégicas y compromisos militares ha incidido históricamente en el ascenso y declive de las grandes potencias (Kennedy, 1989). La expansión de los objetivos más allá de las capacidades disponibles puede terminar debilitando precisamente a quien pretende ampliar su dominio. La mesura no constituye, por tanto, una virtud puramente moral; puede ser una forma superior de racionalidad política.

Las grandes crisis del sistema internacional han demostrado además que los órdenes no permanecen intactos. El Congreso de Viena, las transformaciones posteriores a las guerras mundiales, la creación de las Naciones Unidas y los mecanismos desarrollados durante la Guerra Fría respondieron, bajo condiciones históricas radicalmente diferentes, a una preocupación semejante: cómo establecer algún grado de convivencia después de períodos de violencia extrema. Ninguno de esos arreglos fue perfecto ni permanente. Todos expresaron relaciones de poder específicas. Pero mostraron que incluso después de grandes rupturas la política debe regresar para reconstruir reglas, reconocer actores y restablecer límites.

Hobsbawm llevó esa preocupación hacia el siglo XXI al advertir que las fronteras entre guerra y paz se hacían nuevamente menos nítidas y que el sistema internacional encontraba crecientes dificultades para regular una violencia fragmentada entre Estados, organizaciones armadas y otros actores no estatales (Hobsbawm, 2007). Dos décadas después, los registros del Uppsala Conflict Data Program parecen otorgar una inquietante materialidad a aquella advertencia. En 2025 se contabilizaron 65 conflictos armados con participación estatal, la cifra más alta desde que comenzó la serie en 1946; trece alcanzaron la categoría de guerra y los enfrentamientos directamente interestatales aumentaron hasta ocho, también un máximo dentro de esa serie (Davies et al., 2026).

Estas cifras no anuncian de manera inevitable una guerra mundial, pero sí describen un sistema internacional en el que la violencia armada se ha extendido, reaparecen con mayor intensidad los enfrentamientos entre Estados y sus efectos desbordan cada vez más las fronteras donde se combate. Las consecuencias humanas, económicas, migratorias, ambientales, tecnológicas y estratégicas adquieren escala regional e incluso planetaria, mientras las capacidades para contenerlas permanecen dispersas entre Estados, alianzas e instituciones sometidas a intereses frecuentemente contrapuestos. Allí adquiere nueva urgencia la advertencia de Hobsbawm: la violencia puede internacionalizarse con mayor rapidez que la capacidad política para regularla, lo que obliga a repensar reglas comunes, mecanismos de negociación y formas de cooperación capaces de operar precisamente cuando el conflicto tiende a escapar de sus límites.

El multilateralismo nace precisamente de esa contradicción. No requiere imaginar un mundo reconciliado. Parte del hecho contrario: existen intereses diferentes y relaciones de poder asimétricas que deben convivir dentro de un mismo espacio. Su función no es suprimir el conflicto, sino crear procedimientos para que el desacuerdo no se transforme necesariamente en destrucción. No obstante, a pesar de su debilidad actual, el multilateralismo requiere ser resignificado como uno de los instrumentos políticos y de construcción de acuerdos más importantes de los próximos años.

Cuando se rompe el mundo común

Pero las instituciones no pueden sostener por sí solas la paz cuando se deterioran las condiciones culturales y políticas que hacen posible el diálogo. Existe una dimensión anterior al tratado, a la negociación y a la diplomacia: la aceptación de que los adversarios, aunque interpreten de manera distinta la realidad, participan de un mundo común sobre el cual todavía es posible argumentar desde la diversidad histórica y cultural.

Ese supuesto comienza a hacerse frágil cuando cada actor construye un universo cerrado de certezas, cuando la palabra del otro pierde de antemano toda legitimidad o cuando la fuerza reemplaza al argumento como criterio de verdad. Entonces no se debilita solamente la conversación pública; comienza a erosionarse la posibilidad misma de negociación.

Ese desacople entre la creciente potencia de los medios y la capacidad humana para gobernar sus fines no constituye un problema nuevo. Adquirió una formulación particularmente inquietante durante una de las grandes fracturas del siglo XX.

Entre 1939 y 1944, mientras Europa atravesaba la guerra, el fascismo y una violencia organizada con capacidades técnicas hasta entonces desconocidas, Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, exiliados en California, escribieron Dialéctica de la Ilustración, cuya primera versión circuló en 1944 y que fue publicada en 1947 (Horkheimer & Adorno, 1947/1998). La pregunta que atravesaba la obra surgía de una paradoja histórica difícil de eludir: cómo una modernidad que había expandido extraordinariamente la ciencia, la industria, la administración y la capacidad humana para transformar el mundo podía poner esos mismos recursos al servicio de formas de dominación y destrucción cada vez más organizadas. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial ofreció evidencias extremas. El exterminio nazi articuló estructuras estatales, sistemas administrativos, transportes, tecnología e instalaciones destinadas al asesinato masivo; Hiroshima y Nagasaki llevaron esa contradicción hacia otro umbral al demostrar que la investigación científica y la movilización industrial podían concentrar en un solo artefacto una capacidad de destrucción desconocida hasta entonces. La barbarie dejaba así de aparecer como simple ausencia de racionalidad: podía producirse desde el interior de una civilización altamente racionalizada y tecnológicamente avanzada.

Sobre ese escenario descansa en la actualidad una capacidad nuclear muy superior a la inaugurada en 1945. Según el SIPRI Yearbook 2026, nueve Estados a comienzos de 2026 poseen aproximadamente 12.187 armas nucleares; unas 9.745 formaban parte de arsenales militares potencialmente disponibles, 4.012 estaban desplegadas con fuerzas operativas y entre 2.100 y 2.200 permanecían en un elevado estado de alerta sobre misiles balísticos. Los nueve Estados nucleares continuaban, además, procesos de modernización de sus arsenales y varios incorporaban nuevos sistemas nucleares o con capacidad nuclear (Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI], 2026).

El salto respecto de 1945 no puede medirse solamente por el número o la potencia de las armas. Se ha transformado el sistema que las rodea: vectores de largo alcance, sistemas de alerta y mando, tecnologías espaciales y digitales, capacidades de vigilancia y tiempos de decisión cada vez más comprimidos. La propia investigación científica reunida en el marco de Naciones Unidas advierte que las consecuencias de una utilización nuclear serían transfronterizas, acumulativas y de larga duración, con efectos sobre la salud, el ambiente, la producción de alimentos, la economía mundial y las posibilidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras (Scientific Advisory Group to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 2025).

La vulnerabilidad contemporánea procede también de la profunda interdependencia del mundo. Las guerras ya no permanecen confinadas con facilidad al territorio donde se desarrollan. La OCDE muestra que la fragilidad política, económica y de seguridad se ha incrementado durante la última década y que los contextos de alta y extrema fragilidad concentran gran parte de la violencia organizada y del desplazamiento forzado mundial (OECD, 2025). El Banco Mundial, desde otra perspectiva, estima que los conflictos de alta intensidad pueden dejar, cinco años después, un PIB per cápita alrededor de un 20 % por debajo de la trayectoria que se habría esperado sin el conflicto, mostrando hasta qué punto la destrucción contemporánea se prolonga mucho más allá del campo militar (World Bank, 2025).

La interrogante de Horkheimer y Adorno adquiere así una dimensión que su tiempo apenas podía anticipar. Hemos ampliado extraordinariamente nuestra capacidad para producir, conocer, comunicar y transformar; también hemos multiplicado la escala, velocidad y alcance de los medios capaces de destruir. El problema decisivo reside en la distancia entre ambas capacidades: el poder técnico para desencadenar consecuencias planetarias ha avanzado mucho más rápido que la construcción de instituciones políticas capaces de impedirlas, contenerlas o gobernarlas una vez iniciadas.

Su crítica a la racionalidad instrumental adquiere, desde esta perspectiva, una inquietante actualidad. El problema no reside en la razón, la ciencia o la técnica en sí mismas, sino en una racionalidad que termina concentrándose en la eficacia de los medios mientras deja fuera de la discusión los fines a los que esos medios sirven. La pregunta deja entonces de ser qué debemos hacer y corre el riesgo de reducirse a qué somos capaces de hacer. En el terreno de la guerra, esa inversión alcanza hoy una dimensión extrema: una capacidad científica y tecnológica extraordinaria puede indicarnos cómo localizar, acelerar y multiplicar la destrucción, pero no contiene dentro de sí ninguna razón que determine por qué debería realizarse, hasta dónde sería legítimo llegar o qué mundo podría quedar después. Allí la cuestión técnica vuelve a convertirse, inevitablemente, en una cuestión política.

Habermas desplaza el problema hacia otra dimensión. Una sociedad no se sostiene exclusivamente mediante sistemas de poder o cálculo instrumental; necesita también espacios donde las pretensiones de validez puedan discutirse y donde los actores se reconozcan como interlocutores capaces de argumentar (Habermas, 1987). El diálogo no elimina las relaciones de poder, sino de comprender que sin alguna posibilidad de comunicación racional el conflicto solo conserva dos desenlaces: la imposición o la ruptura.

Esta tensión desborda las relaciones entre Estados. Manuel Castells ha mostrado cómo la crisis de legitimidad de las democracias se relaciona también con una profunda pérdida de confianza en instituciones y mecanismos de representación (Castells, 2017). Allí se encuentran el problema interno y el internacional. Sociedades atravesadas por la desconfianza, la fragmentación y la incapacidad para reconocer adversarios legítimos difícilmente pueden producir culturas políticas orientadas hacia el entendimiento en el exterior.

Por ello, cuando hablamos de un mundo común no estamos proponiendo uniformidad. La convivencia política no exige pensar del mismo modo ni compartir una única concepción de la historia, de la sociedad o del futuro. Supone algo más básico y, al mismo tiempo, más exigente: reconocer que las diferencias se desarrollan dentro de un espacio compartido, sometido a límites materiales, riesgos globales y una vulnerabilidad humana que ninguna frontera puede aislar por completo.

El desafío es preservar la pluralidad sin convertirla en enemistad absoluta. Podemos sostener proyectos políticos, culturales y sociales profundamente distintos y, aun así, aceptar que ninguna diferencia legitima por sí misma justifica la destrucción del otro. La paz comienza allí: no en la desaparición de la diferencia, sino en la decisión política de que la diferencia no autoriza la eliminación del adversario.

Por eso es especialmente peligrosa la naturalización cultural de una guerra inevitable. Cuando las sociedades comienzan a aceptar que grandes confrontaciones son inexorables, la política pierde anticipadamente parte de su capacidad para evitarlas. Las profecías de guerra pueden convertirse en marcos desde los cuales se organizan presupuestos, tecnologías, alianzas, discursos y percepciones del adversario. Lo imaginable comienza a orientar lo posible.

La primera tarea de la razón crítica conlleva a rechazar dos simplificaciones igualmente peligrosas: la idea ingenua de que los conflictos pueden desaparecer y la idea fatalista de que necesariamente deben resolverse mediante la fuerza. Entre ambas existe el territorio de la política, el diálogo y sentido de comunidad humana.

Un orden sin garantías

Ese territorio se vuelve particularmente complejo en una época en la que las jerarquías internacionales se transforman y el poder adopta formas cada vez más diversas. Estados, corporaciones, sistemas financieros, plataformas tecnológicas, actores militares, redes científicas y organizaciones transnacionales intervienen sobre dimensiones distintas de la vida colectiva. Las preguntas clásicas sobre quién decide, quién concentra los recursos y quién puede imponer consecuencias a los demás adquieren, por ello, nuevas formas.

Las viejas teorías de las élites de Mosca, Pareto y Michels, hoy adquieren un valor explicativo en la comprensión de los juegos de poder mundial lo que amplía su capacidad de dialogar son los problemas recientes. El poder nunca estuvo distribuido homogéneamente, pero la capacidad contemporánea de intervenir sobre información, comunicaciones, finanzas, tecnologías y sistemas de armas amplifica enormemente las consecuencias de decisiones adoptadas por grupos relativamente reducidos. A esto se suma una crisis de representación que dificulta establecer quién controla efectivamente esas decisiones y ante quién responden quienes las toman.

No estamos únicamente ante una disputa por territorios. La competencia contemporánea involucra conocimientos, datos, tecnologías críticas, recursos naturales, rutas logísticas, energía, infraestructura digital y capacidades espaciales. La inteligencia artificial incorpora una nueva dimensión: puede contribuir a resolver problemas científicos, ambientales y sociales, pero también puede integrarse a sistemas de vigilancia, desinformación, planificación militar y toma acelerada de decisiones. La cuestión tecnológica es, por ello, inseparable de la pregunta política por sus finalidades.

En este punto vuelve a aparecer la advertencia que atravesaba el análisis de la guerra desde Sun Tzu: disponer de una capacidad no implica que sea racional utilizarla. La tecnología amplía el repertorio de acciones posibles; no determina cuáles son legítimas, prudentes o convenientes. Cuanto más poderoso es el conflicto, mayor es la necesidad de contar con instituciones sólidas, la deliberación y la existencia de criterios políticos capaces de orientarla.

El riesgo crece cuando nuevas armas y tecnologías avanzan al mismo tiempo que se erosionan los espacios de confianza, deliberación y cooperación capaces de orientarlas, lo que constituye la posibilidad de erguir una ética básica compartida. De esa brecha surge una combinación especialmente inestable: capacidades materiales cada vez mayores frente a una política cada vez menos capaz de gobernar sus consecuencias.

El problema del siglo XXI podría resumirse en esa tensión. La humanidad dispone de recursos científicos y tecnológicos capaces de ampliar extraordinariamente la vida, combatir enfermedades, producir conocimiento y enfrentar problemas ambientales. Esos mismos avances pueden servir para perfeccionar formas de vigilancia, dominación y destrucción. La disyuntiva no está en la tecnología misma. Está en las decisiones colectivas acerca de sus fines, frente los dilemas del siglo XXI, sintetizados en las nociones de desarrollo humano, resolución pacífica de los conflictos y respeto a una humanidad diversa.

Recuperar la política

El recorrido de estas páginas conduce nuevamente al punto de partida. Desde Sun Tzu hasta Clausewitz, desde la experiencia de la guerra total hasta las reflexiones contemporáneas sobre la incertidumbre estratégica, aparece una constante: la fuerza solo conserva racionalidad mientras permanece vinculada a una finalidad política y sometida a algún principio de proporción. La guerra nuclear introduce una ruptura porque permite imaginar una situación en la cual los medios destruyen al adversario, al vencedor y al propio objetivo que pretendía alcanzarse.

Esta es la primera afirmación ensayo; la segunda es que la paz tampoco constituye un estado natural. Es una invención histórica, siempre imperfecta, que requiere instituciones, normas, confianza, negociación y capacidad de reconocimiento entre actores enfrentados. La tercera idea central es que la amenaza contemporánea no reside únicamente en los arsenales disponibles, sino también en la progresiva naturalización cultural y política de su posible utilización. Acostumbrarse a pensar la destrucción nuclear como una alternativa estratégica ordinaria significa comenzar a perder la noción misma del límite.

Esta tesis deriva de las anteriores: recuperar la política constituye hoy una cuestión de supervivencia. Política entendida no como simple administración del poder, sino como capacidad de producir acuerdos entre diferentes, construir reglas, establecer límites y mantener abierto el espacio en el que el adversario continúa siendo un interlocutor y no un objeto que debe desaparecer.

Para el sistema internacional, esto implica reconstruir espacios de diálogo incluso entre Estados que mantienen antagonismos profundos; fortalecer los mecanismos de prevención y contención de las escaladas; defender el derecho internacional; y preservar instituciones multilaterales capaces de funcionar precisamente cuando las relaciones políticas se deterioran. El multilateralismo no es una promesa de armonía. Es el reconocimiento práctico de que ningún Estado puede resolver por sí solo problemas cuya escala supera las fronteras nacionales.

América Latina posee, en este terreno, una experiencia que no debería subestimar. En 1967, el Tratado de Tlatelolco convirtió a América Latina y el Caribe en la primera región habitada del planeta que estableció mediante un tratado internacional una zona libre de armas nucleares. No eliminó los conflictos políticos de la región ni resolvió sus desigualdades, pero demostró que Estados con diferencias significativas podían acordar colectivamente un límite sobre una determinada forma de poder militar.

Esa experiencia ofrece a América Latina una perspectiva particular frente a las tensiones globales. La región no necesita elegir entre irrelevancia y alineamiento automático con las grandes potencias. Puede aportar una tradición diplomática propia a favor de la solución pacífica de controversias, la no proliferación nuclear, la cooperación regional y el fortalecimiento de mecanismos multilaterales. Su voz será más significativa en la medida en que sea capaz de formular propuestas y no solamente reaccionar ante decisiones tomadas en otros centros de poder.

El rol de las Universidades

La construcción de la paz tampoco puede quedar exclusivamente en manos de gobiernos y diplomacias. Las sociedades necesitan lugares donde sea posible pensar lo que el lenguaje inmediato del poder tiende a simplificar. Allí aparece una responsabilidad particular de las universidades y de los centros de estudios locales y regionales.

La universidad debe ser uno de los espacios donde la guerra pueda discutirse sin propaganda y la paz sin ingenuidad. Su tarea no es producir unanimidades, sino mantener abierto el debate racional entre perspectivas diferentes, estudiar los conflictos con rigor histórico y científico, analizar las transformaciones tecnológicas y formar ciudadanos capaces de distinguir argumentación, información, manipulación y miedo. La educación superior puede reunir disciplinas que con demasiada frecuencia trabajan separadas —historia, relaciones internacionales, filosofía, ciencias sociales, derecho, tecnología, ciencias ambientales y salud— para comprender riesgos que ya no caben dentro de una sola especialidad.

La UNESCO ha insistido en que la educación para la paz debe atravesar todos los niveles educativos, incluida la educación superior, y desarrollar conocimientos, valores, capacidades y prácticas orientados a la comprensión internacional, los derechos humanos, la cooperación y la convivencia democrática (UNESCO, 2023). La universidad tiene, por ello, una responsabilidad que es intelectual y al mismo tiempo pública: preservar el espacio del argumento cuando el mundo comienza a acostumbrarse al lenguaje de la fuerza.

Esto exige también recuperar una cierta valentía intelectual. Las universidades no deberían transformarse en cajas de resonancia de los Estados, de los gobiernos, de las corporaciones ni de las corrientes ideológicas dominantes. Su contribución a la paz depende precisamente de su capacidad para interrogar críticamente todas las formas de poder, abrir espacio a posiciones contradictorias y producir conocimiento allí donde predominan el miedo, la simplificación y la propaganda.

La paz exige reconocer al adversario como interlocutor, incluso cuando las diferencias sean profundas e irreductibles. Supone aceptar límites al ejercicio del poder y comprender que la contención, lejos de expresar debilidad, puede ser una forma de responsabilidad política. Tal vez, allí reside finalmente la cuestión central. El desafío de nuestro tiempo no radica en pretender eliminar el conflicto de la historia. Eso sería imposible. Reside en impedir que el conflicto pierda toda medida.

Ares y a Hybris como metáforas históricas, seguirán siendo parte de las relaciones humanas y de las disputas entre Estados. La soberbia que desconoce los límites tampoco desaparecerá. Lo decisivo es aquello que pueda interponerse entre ambas y la destrucción.

Y hoy, frente a la posibilidad nuclear, recuperar la política significa recuperar la mesura, el diálogo, la confianza, el derecho y la capacidad de construir acuerdos antes de que la fuerza convierta en irreversible aquello que todavía puede ser evitado.